El Ayuntamiento de Burguillos ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil no 1 de Sevilla alegaciones a la solicitud de medidas coercitivas formulada por la sociedad mercantil KSAC Europe Investments S.A.R.L. En dichas medidas coercitivas se propone imponer multas personales al alcalde y concejales, exigirles responder con su patrimonio a la deuda de más de 27 millones de euros y se abra la vía penal mediante deducción de testimonio.
En el escrito, el Ayuntamiento, entre otras alegaciones, subraya que:
La petición de multas coercitivas carece de sentido jurídico, pues la jurisprudencia establece que solo proceden en casos de resistencia dolosa, y no cuando la insolvencia está acreditada.
No existe resistencia a la sentencia, sino imposibilidad material de afrontarla en los términos que se pretenden.
En menos de un año ya se han abonado 4,2 millones de euros, y en breve se efectuará un nuevo pago, lo que acredita la voluntad de cumplimiento.
El presupuesto municipal, de 5,4 millones de euros, hace inviable un préstamo de 28 millones a 12 años, que supondría cuotas de casi 3 millones anuales y llevaría al impago de nóminas, a la suspensión de servicios básicos y al cierre efectivo del Ayuntamiento.
El Consistorio ha presentado hasta tres propuestas de pago razonables (8, 10,5 y 13,4 millones de euros), todas rechazadas por KSAC.
No procede solicitar medidas contempladas en la jurisdicción contencioso- administrativa, dado que estamos en la jurisdicción civil.
No cabe imputar incumplimiento alguno porque las personas señaladas no ostentan la condición de ejecutados en este proceso, ni se le ha requerido para prestar la colaboración prevista en el artículo 591.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Las medidas personales contra alcalde y concejales son un intento de presión intolerable en un Estado de Derecho.
El Ayuntamiento recuerda que el equipo de gobierno, pese a las amenazas y coacciones recibidas de los representantes legales de KSAC (bufete Gómez-Acebo & Pombo), han seguido cumpliendo con su deber y defendiendo los intereses de Burguillos, aun a riesgo de sanciones personales injustas.
El equipo de gobierno rechaza frontalmente estas prácticas de presión y chantaje, calificándolas de incompatibles con un Estado de Derecho, y asegura que no cederá a lo que considera un comportamiento “mafioso”.
Ahora será el Juzgado quien decida sobre la petición de KSAC. El Ayuntamiento confía en que se valore la imposibilidad objetiva de cumplir lo reclamado y el esfuerzo realizado por el equipo de gobierno para dar cumplimiento a la sentencia.
Evidentemente, si el Juzgado adoptara la decisión, absolutamente injusta, de que alcalde y concejales deban responder con su patrimonio personal de la deuda municipal, éstos se verían obligados a presentar su dimisión. Ese es el límite de resistencia que el equipo de gobierno no puede ni debe sobrepasar.
El compromiso del equipo de gobierno sigue siendo claro: cumplir con la legalidad, dar cumplimiento a la sentencia, proteger a los vecinos y garantizar que Burguillos siga adelante pese a la herencia de una deuda injusta y desproporcionada.
